El juez de Garantías Julián Vergara rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros, en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de coimas durante la gestión del exgobernador de Entre Ríos. El expediente fue elevado a juicio el pasado jueves 5 de junio, y el Ministerio Público Fiscal solicitó para Urribarri una condena de 10 años de prisión.
Fundamentos de la decisión judicial
En su resolución, el magistrado sostuvo que el recurso de apelación presentado por las defensas de Urribarri y otros imputados —entre ellos, Miguel A. Ulrich, Carlos M. Haidar, Luis A. Erbes y Guillermo Smaldone— no se ajusta a los supuestos previstos por el Código Procesal Penal para su procedencia. Según explicó, la ley solo permite apelar un sobreseimiento concedido, no su denegación.
El juez citó jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, en el caso “Cuesta, Hugo Tomás s/ Abuso de Autoridad”, donde se estableció que solo son apelables las resoluciones que otorgan el sobreseimiento, no aquellas que lo rechazan.
Argumento sobre la apelación y el proceso
El juez Vergara subrayó que la negativa a conceder el sobreseimiento no genera un gravamen irreparable, ya que la investigación continúa y se garantiza el derecho al juicio previo. De este modo, la decisión de mantener a los imputados bajo proceso forma parte de las garantías constitucionales del debido proceso legal.
Asimismo, fue rechazada la apelación interpuesta por las defensas contra la resolución del 5 de junio, en la que se había negado la nulidad de pruebas presentadas por la Fiscalía. Los abogados argumentaban que la prueba digital y los testimonios incorporados fueron obtenidos de manera irregular, lo que —a su criterio— constituía una violación legal. No obstante, el juez determinó que la admisión de dicha evidencia no representa un perjuicio irreparable que justifique la revisión en una instancia superior.
Aceptación parcial de un recurso
En contraste con las decisiones anteriores, el juez sí hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, quien ejerce su defensa de manera personal. En este caso, se cuestionó la resolución que rechazaba pruebas ofrecidas por la defensa durante el proceso de oposición a la elevación a juicio. Este punto fue admitido por el magistrado, abriendo la posibilidad de revisión de esa decisión en una instancia superior.
Avanza la causa hacia el juicio oral
Con esta resolución, la causa continúa su curso hacia el juicio oral, con Urribarri y varios exfuncionarios de su gestión imputados por hechos vinculados al presunto pago y cobro de sobornos.
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