
La gestión impulsada por el gobierno de Entre Ríos ante la proyección de una planta de hidrógeno verde en la costa uruguaya ha logrado un avance significativo en los protocolos de control. Por requerimiento directo del gobierno de la República Oriental del Uruguay, la empresa internacional HIF Global deberá incluir formalmente a la ciudad de Colón dentro del área de influencia de sus estudios de impacto ambiental. Esta decisión responde a las gestiones personales y los planteos técnicos realizados por el gobernador Rogelio Frigerio ante las autoridades del país vecino.
Incorporación de la costa argentina en los peritajes
El pedido formal del gobierno uruguayo a la empresa desarrolladora marca un punto de inflexión en la tramitación del megaproyecto. Hasta el momento, los análisis de impacto no contemplaban de manera integral las posibles afectaciones sobre el territorio argentino. Con esta nueva disposición, la firma deberá evaluar cómo la actividad industrial podría repercutir en el ecosistema, la sociedad y la economía de la costa entrerriana, especialmente en la zona ribereña frente al emplazamiento previsto para la planta.
Gestiones directas con la presidencia uruguaya
Para alcanzar este reconocimiento, el mandatario entrerriano mantuvo una agenda de trabajo que incluyó dos viajes a Uruguay y una reunión clave con el presidente Yamandú Orsi. Durante estos encuentros, Frigerio expuso que, si bien la provincia no cuestiona la inversión en energías limpias ni la transición energética, existe una preocupación fundada por la ubicación geográfica del emprendimiento. El planteo central del Ejecutivo provincial sostiene que la escala de la iniciativa cerca de un centro turístico consolidado como Colón hace indispensable una revisión exhaustiva de su localización.
Equilibrio entre desarrollo energético y turismo
La posición oficial de Entre Ríos subraya que el desarrollo de infraestructuras vinculadas al hidrógeno verde debe ser compatible con la protección del medio ambiente y el sostenimiento de la calidad de vida de las comunidades locales. El gobierno provincial advirtió que una planta de tales dimensiones podría generar impactos no deseados en una de las zonas turísticas más estratégicas de la provincia. Por ello, se insiste en que el reconocimiento de la validez del reclamo entrerriano es un paso positivo, aunque desde la gobernación se considera aún insuficiente para garantizar la sustentabilidad total del proyecto.
Hacia una posible relocalización del proyecto
Pese al avance que significa la ampliación de los estudios ambientales, el Ejecutivo entrerriano mantiene la convicción de que la relocalización de la planta es la alternativa más razonable para evitar conflictos binacionales. El Gobierno de Entre Ríos informó que continuará sosteniendo esta postura mediante el diálogo institucional y la participación activa en los foros correspondientes. Haber actuado con anticipación y claridad técnica ha permitido que el planteo de la provincia sea escuchado e integrado en el proceso de análisis del proyecto de inversión extranjera.


