Paraná, Entre Ríos.
El Gobierno de Entre Ríos formalizó este miércoles una denuncia penal tras el hallazgo de dispositivos de vigilancia no autorizados en dependencias clave de la Casa de Gobierno. El descubrimiento, que incluye aparatos de grabación de audio y video, se produjo en despachos de máxima jerarquía, entre los que se encuentran la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación. Ante este escenario, el Ejecutivo provincial dispuso una investigación administrativa interna para deslindar responsabilidades y determinar posibles complicidades dentro de la estructura estatal.
Hallazgo de dispositivos y denuncia judicial
La detección de la tecnología de espionaje activó de inmediato los protocolos de seguridad de la provincia. Según se informó oficialmente, el descubrimiento de estos artefactos constituye un delito grave que atenta directamente contra la privacidad y la seguridad de las autoridades democráticamente electas. La denuncia penal radicada ante la Justicia busca identificar no solo a los autores materiales de la instalación, sino también los fines específicos para los cuales se recolectaba dicha información y la duración de estas prácticas dentro de las oficinas públicas.
Investigación administrativa y rastreo de responsabilidades
En paralelo a la vía judicial, se inició un sumario administrativo dentro de la gobernación. El objetivo de este proceso es auditar el acceso a los despachos oficiales y determinar si existió facilitación o encubrimiento por parte del personal o de exfuncionarios con acceso a las áreas restringidas. Desde el Ejecutivo se subrayó la necesidad de conocer a quién respondían los dispositivos y cuál fue el destino de los datos obtenidos ilegalmente durante el tiempo que permanecieron activos.
Postura oficial sobre las «prácticas de control»
A través de un comunicado institucional, el Gobierno provincial vinculó el hallazgo con prácticas que consideró arraigadas en gestiones anteriores. Según el documento emitido, durante décadas se habrían naturalizado mecanismos de control y espionaje que operaban en las sombras del poder. La actual administración manifestó su decisión de no relativizar el hecho ni encubrir a los responsables, calificando la situación como un remanente de estructuras que se pretenden erradicar en el marco de un proceso de saneamiento institucional.
Defensa de la transparencia y la legalidad
La administración entrerriana insistió en que el respeto por las instituciones y la legalidad son pilares no negociables de su gestión. Se enfatizó que este descubrimiento no detendrá el curso de las investigaciones judiciales y administrativas previstas. El comunicado finaliza reafirmando que Entre Ríos se encuentra en una etapa de transformación destinada a eliminar las prácticas ilegales enquistadas en el Estado, asegurando que se llegará hasta las últimas consecuencias para garantizar la transparencia en el funcionamiento de la administración pública.
